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Asimismo, tendrá la obligación de “elevar propuestas de regulaciones, leyes y reglamentos en materia de prevención de uso de las tecnologías de información y comunicación con fines delictivos; y verificar el grado de cumplimiento de la implementación de los planes y regulaciones adoptados en materia de ciberseguridad”, reza el artículo 2 del decreto. La comisión también deberá formular propuestas y recomendaciones sobre la política de ciberseguridad del Estado, en “armonía con los intereses y objetivos del país”. De igual manera, tendrá que llevar a cabo una valoración continua de los riesgos y amenazas, impulsar la conformación de una “red de vigilancia” para evitar “delitos informáticos transfronterizos” y constituir comités de trabajo interinstitucionales y de emergencia.